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Solidaridad del Consorcio para con los empleados de las empresas de limpieza y seguridad.

Solidaridad del Consorcio para con los empleados de las empresas de limpieza y seguridad. Mito o Realidad

Solidaridad del Consorcio para con los empleados de las empresas de

limpieza y seguridad.

Mito o realidad?

A nadie escapa la discusión “encargado de consorcio vs empresa de limpieza y/o

seguridad”. Esta controversia vino de la mano de un sinfín de posibles situaciones, pero

nos quedamos con las más habituales para avanzar en el desarrollo del tema elegido: el

“supuesto” menor costo que implica la contratación de una empresa que tercerice los

servicios mencionados (insistimos, “limpieza” y/o “seguridad”, lo de “supuesto menor

costo” lo dejamos para otra oportunidad) y la flexibilidad que implica una empresa en

contra de la rigidez del contrato de trabajo y la falta de responsabilidad del consorcio a

la hora de responder por eventuales reclamos laborales del empleado (que debería

dirigirlos al empleador, esto es, la empresa).



No nos referimos, en esta nota, al tema de la convención colectiva aplicable (lo que nos

llevaría hojas y hojas) por lo largo que es explicarlo y analizarlo correctamente. Sin

embargo para entender la cuestión de la que hablamos hoy, es importante basarnos en

una situación en la que la empresa contratada abona sus haberes y cumple con las

obligaciones de la convención colectiva de trabajo correspondiente. En la hipótesis de

trabajo, presumimos que la registración es, en principio, correcta.



Entonces, los detractores de contratar a empresas tercerizadas, generalmente sostienen

que el “peligro” viene de la mano de la “solidaridad” del consorcio a la hora de afrontar

reclamos laborales. Hemos llegado a escuchar decir que todo reclamo puede hacerse

ante uno u otro y que el Consorcio “siempre” responde.



Ahora, es así?. Se trata de una realidad o estamos en presencia de un mito?.



El fundamento legal de esto es, sin duda alguna, la norma del art. 30 de la ley 20.744.

Esta norma (que fue ampliada en 1998 mediante ley 25.013) que, en su extenso texto,

explica los casos en los que existe responsabilidad solidaria por parte de una empresa

que terceriza parte de sus servicios.



Hagamos un paréntesis en este punto. Ya se escuchan las voces de aquellos que

enojados aseguran que un Consorcio no es una empresa porque (entre otras cosas) no

tiene fines de lucro. En nuestro derecho laboral, la situación no es así. Alcanza con que

existe una organización con fines económicos o benéficos para que exista empresa (art.

5° LCT); a consecuencia de ello, ningún consorcio puede, hoy, desentenderse del

concepto de “empresa” y/o “empresario” cuando se trata de una organización de medios

personales y materiales realizada con el objeto de arribar a un beneficio (la

convivencia).



Volviendo entonces a nuestro tema, la responsabilidad solidaria a la que se refiere el art.

30 LCT se detalla en los dos párrafos de la norma:



Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación

habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé

origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia

del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o

subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los

organismos de seguridad social.

Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir ademas a sus cesionarios o

subcontratistas el número del Código Unico de Identificación Laboral de cada uno de

los trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones,

copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad

social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por

riesgos del trabajo. Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el

cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas

respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en

terceros y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a pedido

del trabajador y/o de la autoridad administrativa. El incumplimiento de alguno de los

requisitos harán responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los

cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la

prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación

laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social
... " (el

subrayado nos pertenece
)



De esta forma, nuestro legislador ha pretendido que quienes tercericen

algún servicio actúen como una suerte de guardián de las normas laborales, controlando

que quien contratan, las cumplan (y supliendo en alguna forma, si se quiere, el trabajo

que debería hacer el estado).



La solidaridad aparece, así, como la consecuencia de algún tipo de

incumplimiento laboral de la empresa tercerizada y del incumplimiento del consorcio,

de la obligación de controlar el cumplimiento de la primera.



Como dice la normativa, entonces, el administrador deberá requerirle

a la empresa de limpieza o seguridad contratada, el cumplimiento de las obligaciones

legales y, para esto, una copia de:



a)- Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten

servicios (CUIL);

b)- la constancia de pago de las remuneraciones (recibos de haberes)

firmada por el empleado;

c)- comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social;

d)- Datos de la cuenta corriente bancaria de la cual sea titular

(actualmente de la cuenta sueldo);

e)- De la cobertura por riesgos del trabajo.

No hay discusión sobre que, en estos casos (a modo de ejemplo; la

empresa contratada no abona horas extras realizadas en sede del Consorcio, ó lo tiene

registrado en una categoría profesional inferior ó en una jornada diferente a la que

realmente cumple; incluso, como dice la norma que analizamos, no abona sus

obligaciones de la seguridad social – jubilación y obra social-, etc) el Consorcio puede

ser demandado por el empleado de manera “solidaria”, es decir, que la empresa no se

exime de sus obligaciones pero el empleado puede requerir el pago de todo lo

mencionado al Consorcio, quien luego podrá repetir ese dinero abonado a la empresa

contratada.



Ahora bien, llegado el caso, y habiendo cumplido las obligaciones que

detalla el artículo de referencia, ¿Qué tipo de responsabilidad solidaria le corresponde al

consorcio?. La respuesta es NINGUNA; pero, claro está, si la empresa tercerizada

cumple con sus obligaciones a partir de la presión del consorcio en acceder a esta

información, difícilmente existe con posterioridad algún reclamo por fraudes o

incumplimientos.



El consorcio, puede ejercer su defensa ante cualquier reclamo

demostrando el cumplimiento de la única obligación que nuestra ley le asigna a la hora

de tercerizar un servicio; esto es, el control del cumplimiento de las normas legales.

Otro tema de gran importancia vinculado.



Nótese que la norma detalla que no todas las actividades vinculadas a

la tercerización generan la obligación de contralor analizada (y a consecuencia, la

responsabilidad solidaria) sino, únicamente, aquellas que hagan “a la actividad normal

y específica propia del establecimiento”. En otras palabras, si en una fábrica de

calzados, se terceriza el engomado de las suelas, esta actividad sería, sin duda alguna,

parte de la actividad “principal” de la empleadora.



La propiedad horizontal con sus especiales características ha llevado a

discutir, incluso, cual es la actividad principal de un consorcio; y en este sentido no

existe unanimidad, todo lo contrario, la situación se encuentra muy controvertida.

Algunos sostienen que, al no tener una actividad lucrativa, el consorcio no puede tener

una actividad “principal” (y, como tal, puede ser aplicada la norma del art. 30 LCT que

venimos analizando y no existiría responsabilidad solidaria alguna. Sin embargo, otros

aseguran que la “limpieza” es una actividad principal de una comunidad consorcial pero

no la “seguridad”; y un tercer grupo (entre quienes se encuentran el autor de estas

palabras) aseguran que ambas actividades deben ser consideradas como “principales”

actividades de una edificio de propiedad horizontal; generalmente se fundamentan en

que se trata de las dos características que llevan a las personas a convivir en esos

espacios (la razón más importante de vivir en un edificio de propiedad horizontal que

sea “seguro” y “limpio”).



En estos últimos casos, la norma del art. 30 de la LCT sería, entonces

aplicable a los servicios tercerizados de seguridad y limpieza.



Conclusión:



Como una conclusión apresurada de una temática que permitiría

escribir libros enteros, podemos asegurar que la responsabilidad solidaria del consorcio

es real, pero no para todos los casos y no en todas las situaciones.



Así se hace indispensable la contratación seria de una empresa que

tercerice los servicios mencionados y cumpla las normas legales vigentes para con sus

empleados. Más allá de todo, para evitar graves dolores de cabeza, el consorcio (en la

cabeza del administrador) no puede obviar su obligación de requerir los comprobantes

necesarios para probar el cumplimiento de las pautas de ley y mirar hacia otro lado

cuando se detecta (o, incluso, se presume) un incumplimiento por parte de aquella. Es

también su obligación el ser partícipe en el cuidado de las normas que rigen la relación

laboral y debe actuar en consecuencia.

 



Dr. Martín Luis Lermer

M.P.: 1-30478

Te.: 0351-7068197 // 422-2928



 

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