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EL NUEVO PROCESO LABORAL EN CORDOBA – LEY 10.596

Con fecha 12/12/2018 la Legislatura de la Provincia de Córdoba, sancionó la Ley 10.596 (la que fue publicada en el boletín oficial el día 28/12/2018).

Con fecha 12/12/2018 la Legislatura de la Provincia de Córdoba, sancionó la Ley 10.596 (la que fue publicada en el boletín oficial el día 28/12/2018).

Con sus 22 artículos, realiza fuertes modificaciones a la ley 7987 (Ley de Procedimiento Laboral de la Provincia de Córdoba).

Todos sabemos que el procedimiento actual de nuestra provincia se encontraba herido mortalmente. A nadie escapa que una demanda, para obtener sentencia, debe transitar un camino engorroso y lleno de obstáculos, con demoras de hasta cuatro años (con mucha suerte). Y esto, si dicha sentencia no es casada, porque en ese caso, el expediente debe ser remitido al Tribunal Superior de Justicia de la provincia que también tiene una demora propia que puede llegar hasta los tres años.

Esto implica que una demanda, puede llegar a necesitar alrededor de siete u ocho años para obtener una sentencia firme que reparta justicia. Una vieja verdad de Perogrullo nos dice que LA JUSTICIA LENTA, NO ES JUSTA y a la luz de lo que siente cualquier ciudadano que se vio obligado a participar (ya sea como demandante – actor- o demandado) en una acción judicial, es así.

Y esto, sin ánimo de entrar en otras variables que hacen a un proceso como este, una experiencia infernal; como, sólo a modo de ejemplo, lo que ocurre con los testigos en un proceso. Una importante cantidad de situaciones judiciales termina siendo probada por terceros; testigos de algo (un accidente, un maltrato, una incorrecta registración, una infracción laboral, etc etc etc). En nuestro actual procedimiento, estos testigos tienen que prestar su testimonio casi al finalizar el mismo; en oportunidad de lo que se llama la “audiencia de vista de causa” y que ocurre, generalmente, entre el segundo o tercer año de haber sido iniciada.

Imagíne el lector, entonces, cuanta certeza puede haber en un testimonio (más allá de su buena voluntad) de quien tiene que reproducir un hecho ocurrido tanto tiempo atrás dentro de un Tribunal y con las formalidades de este tipo de proceso. Imagíne, también, la difícil tarea de nuestro jueces que tienen que, con eso dilucidar la verdad de un caso traído a su estudio.

Esta ley, es el intento de nuestros legisladores de traer una solución (o un camino hacia ella).

Como objetivo principal, se encuentra la celeridad, la mayor oralidad del proceso y la idea del “juez presente”, es decir, el sentenciante que ve, por si mismo, y participa en todos los pasos anteriores a su decisión final.

Lo primero a tener en cuenta, es la creación de cinco (5) nuevos Juzgados (llamados ahora de “Conciliación y Trabajo”) en sede de la circunscripción primera (Ciudad de Córdoba) y tres (3) más en el interior (en Río Cuarto, Villa María y San Francisco respectivamente).

Otra reforma importantes es la creación de dos secretaría más por juzgado, por lo que cada juzgado de conciliación y trabajo tendrá, tres (3) secretaría en total; dos de ellas “de trámite” y una de “Conciliación y Relatoría”.

La ley declara un plazo de dos (2) años como objetivo para lograr la digitalización total del procedimiento establecido en ella misma.

Más allá de otras modificaciones, no menores, del proceso vigente (y que, seguramente serán objeto de gran cantidad de notas, y libros en el futuro cercano) nos permitiremos analizar parcialmente un tipo de proceso nuevo que la ley crea.

Nos referimos al “Procedimiento declarativo abreviado con audiencia única”.

Así, la ley que analizamos, modifica el actual artículo 83 (de procedimiento sumario), agregándole los arts. 83 bis, 83 ter, 83 quater, 83 quinquies, 83 sexies y 83 septies que definen este nuevo procedimiento.

Tras la presentación de la demanda (que tiene como requisito, acompañar en ese mismo acto la prueba que entienda corresponder a su derecho), se correrá un traslado a la parte demandada por seis (6) días para que esta se allane (una figura novedosa del procedimiento laboral) a la misma, para contestar aquella rechazándola, oponiendo las excepciones que entienda corresponder y/o citar a los terceros que entienda responsables directa o solidariamente y ofrecer y acompañar la prueba de la defensa (veremos que ocurre con este exiguo plazo que se le concede al demandado en contraposición con los dos años de prescripción que el actor tiene para iniciar la demanda y preparar la prueba).

Una vez contestada esa demanda, se deberá volver a correr un traslado de la misma, esta vez a la parte actora y por un nuevo plazo de tres (3) días para que amplíe (si quiere y entiende corresponder) su prueba; para que conteste alguna excepción planteada y para que conteste la prueba de la contraria.

 Otra novedad del procedimiento es la denominada “audiencia única” que es aquella que tiene que citar el juez, una vez que ambas partes respondieron a sus pretensiones conforme lo venimos comentando.

Esta audiencia única deberá ser citada en un plazo máximo de diez (10) días posteriores a la etapa anterior y deberá ser efectivizada “en presencia del juez” quien tendrá como prioridad, lograr una conciliación entre las partes.

Si de la cuestión analizada surgieran controversias, la audiencia podrá suspenderse por hasta sesenta (60) días, plazo durante el cual, las partes, deberán diligenciar las pruebas que ya fueron ofrecidas (mención aparte es que ocurrirá en aquellos casos, como los de la AFIP que actualmente tiene una demora “normal y habitual” de dos o tres meses para responder). Si durante ese plazo, las partes no lo hicieren, se tendrá a la prueba “por no producida”.

Ahora bien, si el caso reviste alta complejidad, o cuando lo que esté en juego sea la deficiente registración de la relación, la existencia de deudores solidarios o se esté cuestionando el encuadramiento convencional o la categoría profesional del trabajador, el juez podrá (fracasada la audiencia única), ordenar que el resto del proceso continúe con el trámite tradicional y sus plazos.

Otra interesante modificación, a la luz de lo que venimos comentando, es la realización de la prueba testimonial y confesional, en oportunidad de la continuación de la audiencia única, lo que podría subsanar (en aquellos casos en los que este proceso sea apto) la problemática de la testimonial tardía.

Dentro de la audiencia única y luego de las testimoniales (ya habiendo diligenciado el resto de las pruebas), el juez pedirá a las partes que hagan sus alegatos durante veinte (20) minutos y el juez podrá dictar sentencia en ese mismo momento o dentro de un plazo fatal de quince (15) días posteriores.

Dicha sentencia será apelable ante la Cámara del fuero con efecto suspensivo.

Ahora bien, como se dijo antes, no toda demanda es susceptible de incorporarse a este nuevo proceso.

Por eso, el nuevo artículo 83 bis, dispone que serán incluidos en el mismo:

a) Indemnizaciones derivadas del despido directo sin invocación de causa, incluyendo la indemnización especial prevista en el artículo 2º de la Ley Nacional Nº 25323;

b) Indemnizaciones derivadas del despido indirecto fundado exclusivamente en la falta de pago de haberes previamente intimados;

c) Indemnizaciones derivadas del despido directo fundado en causas de fuerza mayor o en falta o disminución de trabajo por razones económicas no imputables al empleador, ya sea cuando no se haya abonado al trabajador la indemnización prevista en el artículo 247 de la Ley Nacional Nº 20744 -de Contrato de Trabajo- o la que la sustituyere, o cuando aquél pretenda el cobro de la indemnización del artículo 245 de dicha ley en el caso de que el empleador no hubiere realizado el trámite administrativo correspondiente ante la autoridad de aplicación;

d) Indemnización acordada por la ley, estatutos profesionales y/o convenios colectivos de trabajo en los demás supuestos de extinción del contrato que sólo dependan de la verificación objetiva de un hecho, siempre que el mismo se documente con la demanda; en el supuesto de la indemnización por incapacidad absoluta, al solo fin de la admisibilidad del trámite y sin perjuicio de su valoración en la sentencia, deberá acompañarse dictamen médico administrativo que determine una incapacidad del sesenta y seis por ciento (66%) o superior, de la Total Obrera;

e) Pago de salarios en mora cuando con la demanda se acompañe la intimación de pago y copias de recibos por períodos anteriores u otros instrumentos de los que se desprenda verosímilmente que la relación laboral se encontraba vigente al momento en que se afirman devengados;

f) Demandas fundadas en el artículo 66 de la Ley Nacional

Nº 20744 -de Contrato de Trabajo- para el restablecimiento de las condiciones laborales alteradas;

g) Extensión de la certificación de servicios y remuneraciones y demás documentación a que alude el artículo 80 de la Ley Nacional Nº 20744 -de Contrato de Trabajo-, así como cualquier otra certificación y constancias documentadas que deba extender el empleador conforme las leyes vigentes, siempre que con la documental acompañada se desprendan las circunstancias de hecho que deban asentarse en las mismas y, en su caso, la indemnización correspondiente por su falta de entrega;

h) Pago del salario correspondiente al mes de la extinción, el sueldo anual complementario y vacaciones, cualquiera sea la causal de la extinción del vínculo;

i) La entrega de la libreta de aportes del fondo de cese laboral de la Industria de la Construcción, el pago del fondo de cese laboral por falta de aportes del Régimen de la Industria de la Construcción y la indemnización prevista para el caso de incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 17 de dicho régimen;

j) Pago de la sanción conminatoria dispuesta en el artículo 132 bis de la Ley Nacional Nº 20744 -de Contrato de Trabajo-, siempre que con la demanda se acompañe documentación fehaciente que acredite la extinción del vínculo, la efectiva realización de las retenciones previstas en dicha norma, la falta de ingreso total o parcial de los montos correspondientes y la intimación efectuada al empleador a tales fines;

k) Demandas derivadas del Régimen de Riesgos del Trabajo por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales cuya contingencia, hecho generador, relación causal o calificación médico legal haya sido rechazada por la Comisión Médica Jurisdiccional dependiente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y

l) Demandas derivadas del Régimen de Riesgos del Trabajo cuando el accidente de trabajo o enfermedad profesional estuviere reconocido por la Comisión Médica Jurisdiccional dependiente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y se cuestione exclusivamente la determinación del grado de incapacidad según los baremos o el monto de la indemnización correspondiente según las tarifas legales y en función de la remuneración denunciada en la instancia administrativa.

La implementación de esta ley será paulatina desde el mes de julio de este año.

En definitiva, con las lógicas dudas que genera un cambio (y algunas críticas que de momento hemos dejado de lado para darle la oportunidad de “acomodarse” al nuevo proceso), esperamos que esta ley permita acercarnos un poco más a la certeza de haber logrado una Justicia, un poco más justa para la parte que corresponda.

 

 

Dr. Martín Luis Lermer

M.P.: 1-30478

Arturo M. Bas 51, piso 3° oficina “D” – Córdoba

Te.: 0351-4222928 // 7068197

 

 

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